Lima, abr. 13 (ANDINA). El Gobierno adopta todas las medidas necesarias para rescatar con vida a los trabajadores secuestrados.”La vigencia plena de la democracia y el estado de derecho, la búsqueda de bienestar con un futuro de paz y desarrollo para todos los peruanos no pasarán nunca por negociar con bandas terroristas que pretenden convertir a la muerte y la destrucción en supuestos métodos políticos con el propósito de proteger y encubrir los intereses del narcotráfico internacional.
Desde el inicio de su gestión gubernamental, el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, ha sentado una línea firme de lucha frontal contra los remanentes terroristas en los valles de Alto Huallaga y el VRAE, y contra el narcotráfico en todas sus modalidades, incluyendo el lavado de activos.
Para tal fin, el Gobierno está impulsando una nueva estrategia contra esas lacras que amenazan la estabilidad democrática y sojuzgan a la población de las zonas selváticas donde se refugian para perpetrar sus crímenes.
En el Alto Huallaga, esa nueva estrategia ha permitido capturar al principal cabecilla de la banda de narcoterroristas que operaba allí y a sus principales cómplices. La pacificación de esa región con un alto potencial para la agroindustria es ya una realidad.
Esta nueva coyuntura, a la que se agrega el éxito de los cultivos alternativos en San Martín, ha forzado a que las organizaciones de narcotraficantes prioricen el sembrío ilegal de cocales en el VRAE y otorguen más apoyo a las bandas armadas que operan en este valle.
Las acciones combinadas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, orientadas hacia la interdicción del tráfico de droga, corte del abastecimiento de insumos, control de zonas estratégicas, acompañados por programas sociales en apoyo a la población civil, está obligando a los delincuentes narcoterroristas a tratar de abrir otros frentes que les permitan romper el cerco establecido por las fuerzas del orden, con apoyo de la población civil.
En este contexto se produce el secuestro de 36 trabajadores del complejo gasífero de Camisea en la localidad de Kepashiato, La Convención, Cusco, hecho que ha merecido la condena y la repulsa de toda la ciudadanía.
La respuesta rápida y enérgica ante ese hecho criminal no se hizo esperar. En primer lugar, el ministro de Justicia, Juan Jiménez, advirtió que el Gobierno no negocia con terroristas, y señaló que se adoptan todas las medidas necesarias para rescatar con vida a los trabajadores secuestrados por subversivos, bajo la conducción de los ministerios del Interior y de Defensa.
Luego, el Ministerio de Defensa dio cuenta del desplazamiento de mil 500 militares y policías hacia la zona en que se encuentran los delincuentes y los trabajadores cautivos, y en forma simultánea el Gobierno ha declarado el estado de emergencia en el distrito de Echarate, Cusco, por la perturbación del orden público.
El presidente Ollanta HUmala ha sido muy claro en señalar que los contingentes militares y policiales que ya se encuentran en la zona están capacitados para cercar a los delincuentes subversivos y rescatar a los trabajadores cautivos sanos y salvos. "El mensaje es de esperanza –manifestó el Jefe del Estado–, estamos permanentemente tomando en cuenta, en todas las acciones, la vida de los rehenes".
Fecha: 13/04/2012