Con ese objetivo suscribió un convenio con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), para darles el derecho a la identidad a estas personas que viven en zonas rurales muy alejadas.

“En el caso de la violencia terrorista de los ochenta, hay personas que aún no tienen identidad; los registros dicen que son aproximadamente 3,000, y que viven en lugares remotos y alejados adonde el Estado no ha llegado”, explicó.

Añadió que con la entrega del DNI el Estado podrá brindar servicios, atención en los programas sociales y otorgar las reparaciones que corresponden a las víctimas de la violencia desatada entre 1980 y 2000 por el terrorismo.

Jiménez destacó que en la actualidad más del 98 por ciento de la población ya cuenta con su DNI, lo cual es un gran logro; pero aún falta registrar a muchas personas de las zonas más alejadas en el país.

Dijo esperar que, gracias al acuerdo con el Reniec, la totalidad de peruanos en el territorio nacional cuente con ese documento al término del actual gobierno, en 2016.

Por otro lado dijo que el secuestro de niños perpetrado por narcoterroristas en el Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) ya ha sido denunciado ante el Ministerio Público, y advirtió que las personas que cometan estos delitos tendrían penas no menores a 25 años de prisión.

“Esperamos los resultados de esta investigación y la Procuraduría Antiterrorista tiene instrucciones claras de ser severa, de seguir esta investigación y formalizar las denuncias ante el Poder Judicial, y que se abran procesos por estos delitos”, manifestó.

(FIN) JCR/GCO
GRM