La procuradora especializada explicó que los nuevos Decretos Legislativos 1104 y 1106, emitidos sobre lavado de activos y la ley de pérdida de dominio, fortalecerán la lucha contra el crimen organizado en sus manifestaciones de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, minería ilegal, entre otros.
“Pensamos (que los procesos) deben incrementarse en un ciento por ciento”, manifestó en conferencia de prensa, junto al ministro de Justicia, Juan Jiménez; el viceministro de Derechos Humanos, Daniel Figallo; así como los procuradores Antidrogas, Sonia Medina, y Anticorrupción, Julio Arbizu.
Durante la conferencia, Príncipe Trujillo destacó que con los nuevos instrumentos legales, los operadores de justicia tendrán la posibilidad de aumentar el número de casos porque ya no es necesario un delito preexistente para iniciar proceso.
Por su parte, el ministro Jiménez sostuvo que de los casos procesados en el Poder Judicial, únicamente se judicializaron cuatro, y que no hay un solo detenido por un delito tan grave como el lavado de activos.
Por ello, consideró que los dos decretos legislativos marcan “un antes y un después” en la lucha contra esta actividad delincuencial que permite el ingreso de dinero obtenido por el tráfico de drogas, al sistema financiero formal.
“El lavado de activos es ilegal, socava la economía nacional y desestabiliza el orden financiero de los países”, argumentó.
Resaltó, en ese sentido, los principales aportes de la nueva normatividad, como la entrega de facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera para “dar golpes certeros” a las bandas, así como el incremento de las penas.
Por ejemplo, el Decreto Legislativo 1106 establece que el lavado de activos se castiga con pena efectiva de cárcel no menor de 8 ni mayor de 15 años, castigo que se que incrementa entre 10 y 20 años cuando el implicado es funcionario público, y en no menos de 25 cuando se vincula al narcotráfico.
De igual forma, se penaliza las operaciones sospechosas, el retardo en la entrega de información, además de contar con instrumentos como el levantamiento del secreto bancario, la reserva bursátil y de la reserva tributaria.
“Pero sobre todo, el principal aporte es que el lavado de activos ya no necesitará de un delito preexistente para ser castigado con todo el rigor de la ley”, precisó.
En cuanto al Decreto Legislativo 1104, referido a la pérdida de dominio, el titular de Justicia indicó que abarcará al delito de corrupción de funcionarios, y se crea el Consejo Nacional de Bienes Incautados para administrar las posesiones muebles e inmuebles de los procesados.
Lamentó que en el caso de las incautaciones, en cinco años de vigencia de normatividad que la tipifica, solo exista un bien incautado al exministro Rómulo León Alegría, procesado por presunto delito de corrupción.
(FIN) JCP/FPQ/GCO
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