En el marco de la implementación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, la funcionaria aseguró que plantearán endurecer las sanciones contempladas en el Código Penal para los involucrados en explotación laboral de menores.
“Las sanciones son muy benignas. Se castiga a los padres manteniéndolos en estado de comparecencia mientras duren las investigaciones y ordenándoles tareas de servicio a la comunidad. Queremos que las penas sean más drásticas”, comentó.
En declaraciones a la Agencia Andina, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables advirtió que las nuevas sanciones también estarán orientadas para los intermediarios de la explotación laboral de niños y adolescentes.
Refirió que se buscará cambiar, asimismo, la normativa que permite a los padres de menores explotados laboralmente reclamar la patria potestad de sus hijos, después de haberla perdido al ser encontrados como responsables de esa situación.
“Todas aquellas personas bajo la figura de la patria potestad, que es inherente a los padres, y también los tutores e intermediarios de la explotación serán pasibles de las sanciones que incorporemos en el Código Penal”, ratificó la ministra.
Sostuvo que el empleo de menores para actividades lucrativas como la mendicidad los expone al peligro y los priva de la educación, salud y calidad de vida que necesitan para desarrollarse física y emocionalmente.
Recordó que en diciembre pasado la Policía Nacional denunció numerosos casos de madres que, a cambio de una suma de dinero, entregaban a sus menores hijos a terceros que los obligaban a pedir dinero, incluso por las noches, en las calles de Lima.
En esa oportunidad, se explicó que personas inescrupulosas pagaban entre S/. 25.00 y S/. 30.00 a los progenitores, para que les permitieran llevarse a sus pequeños a pedir limosna o vender caramelos durante un día.
Jara dijo que esos casos serán combatidos y sancionados severamente gracias a la implementación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, que promueve una serie de iniciativas legales contra los agresores y explotadores infantiles.
Añadió que el referido plan también tiene otros objetivos, como terminar con la desnutrición crónica infantil e impulsar una educación más inclusiva, sobre todo en zonas andinas en donde se privilegia la asistencia del hijo varón al colegio.
(FIN) JCJ/MVF
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