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Lima, Perú. Miércoles, 26 de noviembre de 2014

Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático

Oficializan modificación al Código Penal para sancionar actos contra servicios públicos

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    Fachada de Palacio de Gobierno. Foto:ANDINA/Archivo

08:23.

Lima, set. 18 (ANDINA).
El Ejecutivo oficializó hoy la modificación de diversos artículos del Código Penal, entre ellos, el que establece penas de 6 y 10 años de cárcel para las personas que pongan en riesgo la seguridad común y atenten contra fábricas o infraestructuras de electricidad, gas o telecomunicaciones.

La Ley Nº 29583 que modifica los artículos 186º, 195º, 206º, 281º y 283º del Código Penal, fue publicada hoy en el la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.

La norma fue aprobada previamente por el Congreso y dispone que el hurto agravado de bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de uso público, sus equipos o elementos de seguridad, será sancionado con no menos de 4 ni más de 8 años de prisión.

La medida abarca a las infraestructuras destinadas a la prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad, gas o telecomunicaciones.

Si se trata de actos contra vehículos automotores o sus partes importantes, la sanción será no menor de 2 ni mayor de 5 años de prisión, y de 60 a 150 días multa.

La ley sanciona también con penas entre 6 y 10 años de prisión a quien crea un peligro para la seguridad común, atentando contra fábricas, obras, instalaciones o equipos destinados a la producción, distribución, almacenamiento o provisión de saneamiento, electricidad, gas o telecomunicaciones.

La disposición también alcanza a quienes atentan contra la seguridad de los medios de comunicación pública o puestos al servicio de la seguridad de transportes para el uso público.

Así como los que dificultan la reparación de los desperfectos en las fábricas, obras, infraestructura o instalaciones de los mismos.

La misma ley dispone que se aplique no menos de 4 ni más de 6 años de prisión a quien impide, estorba o entorpece el normal funcionamiento del transporte o de los servicios públicos referidos.

Si la persona actúa con violencia y atenta contra la integridad física de las personas o causa grave daño a la propiedad pública o privada, la pena será entre 6 y 8 años.

La norma lleva la rúbrica del jefe de Estado, Alan García Pérez y del presidente del Consejo de Ministros, José Antonio Chang Escobedo.

(FIN) JCR/GCO

 

 

 


Publicado: 18/09/2010

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Editora Perú