Julca, titular del grupo de trabajo encargado para realizar esta investigación, dijo que el pedido está pendiente de aprobación en el Pleno del Congreso, y mientras eso no ocurra, no podrán citar de grado o fuerza a quienes se negaran a acudir a su llamado.
El parlamentario, no obstante, indicó que la comisión recibió semanas atrás la manifestación de algunos implicados en este caso, pero no puede continuar sin las prerrogativas solicitadas.
“Es decir existe una limitación, porque tampoco podemos levantar el secreto de las comunicaciones en caso encontremos algún indicio durante las investigaciones, por eso urge que se nos otorgue facultades especiales”, manifestó a la Agencia Andina.
Indicó que esta situación afectó las investigaciones en curso, ya que no pueden avanzar con celeridad debido que muchos implicados se resisten acudir.
“Por eso no podemos sesionar, no tenemos las herramientas adecuadas para garantizar una investigación profunda”, acotó.
En ese sentido, pidió priorizar el debate de dicha iniciativa por tratarse de un tema que afecta al sistema político.
Expresó su preocupación por el poco interés mostrado en este asunto, al considerar que el Congreso no puede dejarse llevar por la coyuntura política, sino actuar sobre temas de fondo.
La Comisión de Fiscalización conformó un subgrupo de trabajo parlamentario para que se encargue de investigar las interceptaciones telefónicas denunciadas en el Callao.
La denuncia se basa en una investigación periodística que vincula en estos hechos al alcalde del Primer Puerto, Juan Sotomayor y al exfutbolista y exfuncionario de esa comuna, Roberto Martínez.
Este subgrupo recibió las manifestaciones de Sotomayor y Wilbur Castillo, quien denunció el chuponeo e implicó al burgomaestre chalaco en estos hechos.
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