El compromiso quedó estipulado en el acta suscrita entre los mineros y el jefe del gabinete, Óscar Valdés, tras una reunión realizada en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la cual se buscaron mecanismos para solucionar este problema.
Dicha acta consigna también la promesa del gobierno de acelerar el proceso de formalización, así como aprobar dispositivos legales que permitan el libre comercio de minerales metálicos distintos al oro y no metálicos, mientras dure este trámite.
Según el acuerdo, los representantes del Ministerio Público y de la Policía -presentes en la reunión junto a la Defensoría del Pueblo- recibieron el encargo de apoyar el proceso de formalización y no realizar acciones de interdicción contra mineros ilegales mientras dure la formalización.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo invocó a los manifestantes a respetar los derechos de las personas, la autoridad de la Policía Nacional, así como a los funcionarios del Estado que intervengan en la solución de este conflicto, y exhortó a mantener el orden en sus bases.
Tras culminar el encuentro, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino –quien también participó a la cita- destacó la importancia del acuerdo, sobre todo porque permitirá recuperar el libre tránsito por alas carreteras del país que habían sido bloqueadas en el marco del paro.
Por su parte, Adolfo Valverde, representante del gremio minero artesanales de La Libertad, también expresó su satisfacción por el consenso alcanzado porque continuarán trabajando en tanto dure el proceso de formalización, cuya duración se extendería por aproximadamente dos años.
El dirigente ratificó el compromiso de levantar los bloqueos de carreteras perpetrados en distintos puntos del país, así como en acogerse al proceso de formalización impulsado por el gobierno.
Recientemente, el Ejecutivo aprobó una serie de medidas para penalizar la minería ilegal a fin de evitar el grave daño que esta actividad causa al frágil ecosistema de las regiones donde se extrae mineral.
Un sector de los mineros informales convocó esta semana a un paro debido a que –aseguran- las medidas dictadas por el gobierno contra la minería ilegal no les permite comercializar los minerales extraídos, especialmente el oro.
Se informó que en la reunión realizada en la PCM también participaron representantes del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo, entre otros.
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