De acuerdo con el documento, las indagaciones han señalado responsabilidad en 70 funcionarios, tanto de la sede central como de las oficinas registrales de provincias, y en 19 proveedores. En la investigación están comprendidos los exgerentes Oswaldo Flores, Delia Cabezudo, Luz Cayetano y Braulio López, entre los principales.

La coordinadora del grupo, Esther Saavedra, lamentó que en varias oportunidades y pese a haber sido citado no dio su descargo ni su testimonio el exsuperintendente Álvaro Delgado.

Añadió que pedirá al pleno un plazo adicional para concluir las investigaciones y facultades para citar a los investigados de grado o fuerza.

Un primer tema investigado fueron las campañas publicitarias, determinándose que en el 2011 se destinaron 3 millones 884,000 nuevos soles, que no estuvieron presupuestados.

Según el documento, las campañas fueron diseñadas y ejecutadas con ampliaciones presupuestales a través de oficios, concluyéndose que los términos de selección de los postores y ganadores se hicieron desde la sede central.

El costo de la campaña, informaron, fue fraccionado, por orden de la oficina central a través de las jefaturas registrales, en 390 pequeños contratos por montos inferiores a tres UIT, a fin de que sean por adjudicación directa y sin concurso público.

Las órdenes de contratos fueron hechas sólo por memorandos y ninguno de los productos contratados o de servicios adquiridos ingresó a las sedes zonales.

La investigación encontró un elemento de presunción de concertación con los proveedores, dado que 17 de los 18 presentan cuenta bancaria en una misma entidad y en números correlativos.

Además, los proveedores tienen el mismo domicilio legal y siete han impreso sus recibos en la misma imprenta, pese a que son de diversas jurisdicciones.

Además, se gastó casi un millón de nuevos soles en productos publicitarios como cartapacios, tarjeteros, bolsas, lapiceros, pines también en operaciones fraccionadas y sobrevaloradas.

En octubre de 2010 se gastaron 144,000 soles y en diciembre del mismo año, 126,000; 73,000 soles en febrero de 2011 y 274,000 en el mes siguiente. Los productos no llegaron a las sedes zonales.

Otros casos investigados fueron las presuntas irregularidades en el concurso público para cubrir 297 plazas; de 150 registradores y 174 técnicos.

De los ganadores, 24 no reunieron el requisito de experiencia solicitada, 16 no tenían titulación técnica o universitaria y otros 16 no estaban capacitados o con especialización.

También habría presuntas irregularidades en la inscripción y el otorgamiento de poderes en la comunidad campesina de Asia, según denuncia de los dirigentes comunales.

Estos denunciaron una inscripción irregular en la Sunarp de un poder general a un dirigente que le ha permitido vender grandes extensiones de terreno en lo que es hoy el balneario del sur.

El grupo de trabajo está integrado por los congresistas Esther Saavedra (coordinadora), Justiniano Apaza, Héctor Becerril, Juan Díaz Dios y Yonhy Lescano.

Los casos investigados se refieren a presuntas irregularidades en las campañas publicitarias de la Sunarp en 2010-2011, la adquisición de productos promocionales y de propaganda, y el concurso público de plazas del 2009.

(FIN) FPQ/GCO
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