La discusión del caso boricua en esta ocasión cuenta con un nuevo elemento y que ha generado un rechazo contra la dominación norteamericana: la pretensión del gobernador de Puerto Rico, Luis G. Fortuño, de imponer la educación en inglés en 31 escuelas públicas.
Los opositores a esa medida sostienen que se trata de una maniobra dirigida a "americanizar" el sistema educacional y a imponer un proceso de anexión cultural a través de la educación pública, sin tener un mandato electoral.
El 25 de julio próximo se cumplirán 114 años de la intervención norteamericana en Puerto Rico. El imperio británico intentó hacerse con el control de la isla, pero España la mantuvo bajo su dominio hasta que en 1898 Estados Unidos ocupó el país durante la Guerra Hispano-Americana.
En 2011, el comité de la ONU ratificó que el pueblo puertorriqueño constituye una nación latinoamericana y caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional. El tema ocupa la atención de la ONU desde hace más de una década, con pronunciamientos sucesivos a favor de esa prerrogativa estipulada por la Resolución 1514 del máximo órgano del ente mundial.
Asimismo, volvió a llamar al gobierno de Estados Unidos a asumir su responsabilidad de propiciar un proceso que permita a los puertorriqueños ejercer plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia.
También realzó el debate que existe en el país caribeño sobre la implementación de un mecanismo que pueda asegurar la plena participación de todos los sectores de opinión puertorriqueños.
En una resolución impulsada por Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, el comité de la ONU precisó que "toda iniciativa para la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo boricua".
Reclamó, asimismo, al presidente estadounidense, Barack Obama, que ponga en libertad a los presos políticos puertorriqueños que cumplen condenas en prisiones de Estados Unidos, por causas relacionadas con la lucha por la independencia de Puerto Rico.
En el debate del año pasado participaron representantes de unas 20 organizaciones, como el Colegio de Abogados, la Alianza Pro Libre Asociación Soberana, el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano.
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