Indicó que esa fue una de las recomendaciones formuladas a la CIDH ante el Consejo Permanente de la OEA, que –aclaró– no pretende menoscabar la autonomía de esa instancia.

“No ha habido un cuestionamiento de fondo al hecho de que un caso pueda ser tramitado por la comisión, sino que se requiere de un trámite con mayor rigurosidad, con criterios muchos más precisos y ateniéndose a las normas y los estatutos de la propia comisión”, explicó.

Ratificó que, en el caso peruano, la CIDH tiene una carga muy fuerte de denuncias promovidas por responsables de graves crímenes a los derechos humanos y que han sido parte de movimientos terroristas que le hicieron daño al país.

“La comisión tiene que ser muy cuidadosa de no dejarse utilizar y presionar al Gobierno que en este momento hace enormes esfuerzos para poder atender la situación de las reales víctimas de derechos humanos. Ese es un punto que debe ser considerado”, comentó.

El miércoles 25, el Consejo Permanente aprobó un informe elaborado por un grupo especial de la OEA, con recomendaciones en materia de procedimiento, admisión de medidas cautelares, búsqueda de soluciones amistosas, entre otros aspectos.

El embajador informó que los cancilleres de los países miembros de la OEA evaluarán, en unos meses, el cumplimiento de las sugerencias por la CIDH, al considerar que las recomendaciones fortalecerán el sistema de protección de los derechos humanos.

Precisó que nunca estuvo en discusión la idea de hacer algo que debilitara al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Afirmó que en Perú existe un profundo aprecio por la actuación del sistema interamericano en las circunstancias difíciles para el desarrollo de la vida democrática nacional, como en la década de los noventa durante el gobierno autoritario de Alberto Fujimori.

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de que el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) pretenda acudir a la CIDH si se ratifica la negativa a su inscripción como partido político. 

En esa posibilidad, la CIDH sabrá valorar las implicancias del caso si es que llega un pedido al respecto, dijo al programa No Hay Derecho, en Radio San Borja.

“No se trata simplemente de cualquier grupo que pide una participación política, sino que hay detrás de ello toda una carga importante que es la que está motivando que muchos sectores se hayan pronunciado en Perú en contra de que se pueda inscribir una organización de esta naturaleza”, añadió.

(FIN) CVC/GCO

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