El director regional para las Américas de esa organización, Alejandro Salas, señaló que esa voluntad política debe ir acompañada por gestos y acciones, para asentar los ejes de trabajo que deberá aplicar frente a ese problema en los próximos cinco años de administración gubernamental.

“Hay que felicitar al gobierno de Ollanta Humala el que tenga esta intención y esa voluntad, y que lo haga público. Lo más importante es llevar esas palabras a la práctica, y esto implica varias cosas”, declaró a la Agencia Andina desde Berlín.

Mencionó que las instituciones vinculadas a la lucha contra la corrupción –como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial– deben gozar de los recursos necesarios y la autonomía requerida para actuar proactivamente.

La Sexta Encuesta Nacional sobre Corrupción de Proética, en 2010, reveló que el 51 por ciento de los peruanos considera los delitos de corrupción como el principal problema del país.

Salas añadió que la lucha anticorrupción no implica únicamente la aplicación de medidas represivas, sino dejar que las instituciones cumplan sus funciones en forma independiente y desligada del poder político coyuntural.

“También debe reconocerse que el trabajo anticorrupción no es cuestión de una sola persona, de una sola institución. (…) Para Transparencia Internacional es importante que la sociedad civil y el sector privado sean parte del diseño de estas políticas”, opinó.

Argumentó que ambos sectores deben tener esa participación porque no sólo los funcionarios del aparato público son los responsables de actos de corrupción, sino también las personas naturales y algunas compañías privadas.

El representante de Transparencia Internacional afirmó que la organización puede prestar colaboración en esa clase de políticas y programas de lucha contra la corrupción, a través de Proética, capítulo peruano de la institución.

“Podríamos ayudar mucho en términos de llevar experiencias en otros países, porque trabajamos en más de 100 naciones, y hay mucho de lo cual puede aprenderse y que no es necesario probar cosas que ya se han visto en otros ámbitos”, indicó.

De igual manera mencionó que Transparencia Internacional puede llevar la perspectiva de la sociedad civil, de cómo puede trabajarse en colaboración y de manera constructiva con el Gobierno y el sector privado.

El gobierno del presidente Ollanta Humala ha propuesto la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en agravio del Estado, la inhabilitación a perpetuidad de los funcionarios responsables de esos delitos y la supresión de las penas condicionales a los condenados por esos cargos, entre otras medidas.

Según estimaciones de la Contraloría General de la República, el Estado peruano pierde alrededor de 6,000 millones de nuevos soles cada año por la corrupción, cifra que representa entre el 10 y 15 por ciento de las compras y adquisiciones gubernamentales.

(FIN) JCP/GCO

GRM