El congresista Octavio Salazar (GF), autor del proyecto, dijo que esta norma constituye una necesidad y una respuesta oportuna del Estado, ante el apoyo logístico y financiero que pueda buscar el terrorismo para reactivar su accionar.

 El proyecto de ley establece que los que recolectan o entregan fondos al terrorismo serán sancionados con pena privativa de la libertad no menor de 20 ni mayor de 30 años.

Aquellos que son funcionarios públicos, e incurran en cualquiera de estas dos modalidades, cometen una modalidad agravada, con penas de 25 a 35 años.
 
La comisión, que preside Alberto Beingolea (APGC) también aprobó el proyecto de ley que elimina la prohibición que tienen los magistrados, para ejercer la función de docencia universitaria por no más de ocho horas semanales.

El legislador Santiago Gastañadui (NGP), autor de la propuesta, explicó que la limitación no se justifica, pues los magistrados pueden adecuar sus horarios para cumplir sus funciones académicas, sin que esto implique como consecuencia un desmedro o descuido de sus actividades jurisdiccionales.

Asimismo, se aprobó un tercer proyecto que faculta al Consejo del Notariado para  convocar a concurso de plazas vacantes de notarios públicos.

Si esta entidad no lo hiciera en el plazo de 15 días, lo hará el Ministerio de Justicia o su representante.
 
El legislador Rolando Reátegui dijo que esta iniciativa es urgente, para contrarrestar casos como ocurre en la Región San Martín, donde solo existe un notario, pese al número de su población.

La legisladora Rosa Mavila consideró necesario democratizar la actividad notarial y romper los actúales monopolios que se han entronizado como tradicionales cacicazgos sobre todo en provincias.

Agustín Molina Martínez, legislador de NGP, sostuvo que en regiones alejadas, como Madre de Dios, los ciudadanos tienen que viajar hasta dos días para acceder al servicio de un notario público.

(FIN) NDP-EGZ