Dijo que las autoridades judiciales debieron consignar la titularidad de los teléfonos a ser intervenidos en el marco de las investigaciones al ciudadano Rudy Palma, si la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía le entregó esta información.

Al referirse a la interceptación de las comunicaciones del congresista Luis Galarreta, precisó que serán las investigaciones de los órganos de control del Ministerio Público y del Poder Judicial las que establecerán la responsabilidad del fiscal William Montes y del juez Abel Pulido.

Mencionó que existen dos elementos que se deben tomar en cuenta: el funcional, que está a cargo de los órganos de control para establecer si hubo excesos o no en el ejercicio de sus facultades, y el elemento jurisdiccional, que está a cargo del superior que revisa el expediente.

“Según la información que se tiene, el fiscal, específicamente en este caso, solicitó que se levante el secreto de las comunicaciones de determinados números sin identificar a las personas, (y) el juez accedió”.

“En este caso, los órganos de control investigan si el juez debió o no haber previamente establecido a los titulares de esos teléfonos, a efectos de proceder con esta medida”, manifestó.

Refirió que los jueces están en la obligación de evaluar el pedido y establecer la proporcionalidad de la medida para evitar que se produzcan daños innecesarios, e indicó que esta es ya una decisión jurisdiccional. 

Subrayó que si un juez incurre en responsabilidad debe responder por sus decisiones.

“Nadie puede decirle a un juez cómo resolver un caso determinado, en virtud de la independencia que tiene; pero así como tiene independencia tiene responsabilidad, un juez responde por las acciones que adopta en un proceso. Finalmente, el juez tiene las reglas de juego de la judicatura para decidir en casos específicos”, declaró en Ideeleradio.

(FIN) NDP/FPQ
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