Según explicó la fiscal provincial penal de Lima, Miluska Romero Pacheco, en ese caso concreto “existe el delito de reclutamiento con fines terroristas”, que consiste en captar a menores de edad para facilitar o cometer actos terroristas

Y también el delito de trata de personas en su forma agravada, por el traslado y retención de menores en campamentos y porque los autores del delito conforman una organización criminal.

La representante del Ministerio Público dijo al programa “Los Fiscales” que ambos delitos tienen penas sumamente graves que van entre 25 a 30 años de pena privativa de libertad, los cuales se sumarían por haber el concurso real de delitos como autor o cómplice.

Además, dijo que los subversivos vulneran, entre otros, los derechos de los niños a la salud y a la educación y los hacen vivir una experiencia “tan terrible que marca para siempre sus vidas y, sobre todo, los expone a diarios riesgos físicos, emocionales y psicológicos”.

La fiscal dijo que en caso de mujeres que son secuestradas y forzadas a procrear, se estaría hablando de los delitos de trata de personas y violación sexual, ya que son sometidas a esclavitud sexual.

Romero explicó que en la actualidad la trata de personas ocupa el segundo lugar como delito más rentable en el mundo, sobre el tráfico de armas y solamente superado por el tráfico ilícito de drogas.

"A diferencia del tráfico de drogas o de armas, donde los objetos del delito se consumen rápidamente, en el delito de trata de personas el objeto del delito es el ser humano y dura muchos años y para el tratante resulta un negocio redondo", refirió.

Desde el año 2007 hasta la fecha, el Ministerio Público ha registrado 913 denuncias de trata de personas, de las cuales 9 de cada 10 víctimas son mujeres y la mitad tiene entre 13 y 16 años, informó Juan Huambachano Carbajal, gerente central del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público.

De ese total el 6% son menores de 12 años y un 7% son extranjeras.

El Gobierno peruano ha denunciado esas prácticas ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y adopta acciones para recuperar a los menores y mujeres que los subversivos aliados al narcotráfico mantienen en esa agreste zona de la selva peruana.

(FIN) NDP/GCO