Se trata de Save the Children y el Instituto Promoviendo Desarrollo Social (Iprodes), que interpusieron una demanda en la que, además, piden que el Estado proceda a la captura y posterior juzgamiento de esos delincuentes narcoterroristas, que operan en la agreste zona del Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE), en la selva central del país.

La denuncia también aboga por la liberación de los menores en poder de ese grupo.

Ambas ONG advirtieron que el secuestro y la utilización de menores para acciones ilícitas por parte de Sendero Luminoso es una flagrante violación de los Derechos del Niño, de la legislación nacional y de los tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Estatuto de Roma.

También enviaron una comunicación con diversas propuestas al presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés Dancuart, y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

En ella plantean garantizar la atención, recuperación y reinserción de los niños que sean recuperados, y la elaboración de una estrategia de prevención para evitar que estas situaciones se repitan a futuro.

(FIN) GCO/GCO
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