La iniciativa propone establecer que un interno de un penal que posea un teléfono celular sea castigado con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 8 años.

“Esta propuesta llena un vacío legal, pues desde las prisiones se planifican, dirigen y ejecutan secuestros y asaltos utilizando para ello especialmente la comunicación por celulares, situación que no está tipificada en el Código Penal. Se requiere contar con un instrumento legal que sancione la tenencia y el ingreso de armas, municiones y teléfonos a los penales”, dijo.

Asimismo, el proyecto plantea sancionar con una condena no mayor de 8 ni menor de 15 años de cárcel a la persona que ingresa o pretende ingresar a un penal armas, municiones, explosivos o teléfonos. 

Indicó que se ha previsto agravar la pena de 10 a 15 años la sanción en el caso de que sea un servidor del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) o de la Policía Nacional el que ingrese esos artefactos prohibidos.

Además, la propuesta legislativa añade que los presos que posean armas de fuego, municiones y explosivos recibirán una pena privativa de libertad de 8 a 15 años.

De comprobarse estos casos el juez respectivo podrá incrementar las penas vigentes de los reos, señala la iniciativa que plantea modificar el artículo 279 del Código Penal.

(FIN) NDP/CCR