Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de ese organismo, sostuvo que diversas regiones han formulado al Gobierno varias propuestas, para implementar políticas públicas con enfoque en los derechos humanos.

“Este proceso ha generado mucha expectativa en la población de provincias, porque esperan que el Estado garantice una serie de reclamos relacionados con reparaciones, acceso a servicios públicos, políticas de salud mental, entre otros”, afirmó.   

Refirió que la expectativa de la población del interior está fundamentada en conocer los compromisos que deben asumir todas las instituciones del Estado y la sociedad civil.

Comentó que en este tipo de audiencias se requiere de una amplia participación de los altos representantes de las instituciones del Estado, vinculadas a los sectores de Educación, Salud, Defensa, Interior, entre otros.
 
Explicó, por ejemplo, que en Ayacucho y las localidades afectadas en la época de la violencia durante las décadas de los ochenta y noventa una de las principales demandas está relacionada con las reparaciones integrales que incluyan indemnizaciones, garantías en el acceso a servicios psicológicos y atención en salud.    

“Las víctimas que han pasado por momentos traumáticos en sus vidas requieren de una reparación en salud mental, hay una gran cantidad de casos de personas que vieron cómo mataron a sus familias, mujeres violadas y otros casos”, anotó.

Indicó que en el plano de la descentralización hay diferentes necesidades en torno al tema de derechos humanos.

“Por ejemplo en Puno un tema que interesa bastante es el derecho del acceso al agua, y en Chiclayo preocupa la inseguridad ciudadana”, acotó. 

El Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia ha realizado diversas audiencias públicas macrorregionales para la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016.

Recientemente se realizó una IV Audiencia Pública en Lambayeque y la Libertad, como parte de un total de 19 que se llevarán a cabo a nivel nacional.

(FIN) SMA/CCR
GRM