Explicó que con la iniciativa se busca proteger a las mujeres, los niños y los adolescentes de las zonas de El Oro, Zamora y Loja, en Ecuador, y de Tumbes, en la frontera norte peruana.
En mérito al documento, el país que detecte una víctima procedente del otro asumirá su atención.
Santiago indicó que los funcionarios de los dos estados sistematizan procedimientos de atención y seguridad para elaborar el protocolo, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
"Es un gran avance porque esta política convoca a otros sectores del país como Relaciones Exteriores, Defensoría del Pueblo y al propio Mimp, junto con sus pares ecuatorianos. La medida se suma a otras que impulsa el sector para enfrentar el delito de la trata", manifestó.
La funcionaria indicó al diario El Peruano que en otras partes del territorio nacional también se desarrollan iniciativas orientadas a combatir la trata, como en la selva, donde en las próximas semanas se lanzará la campaña "Más control, menos rutas de explotación”.
Adelantó que la iniciativa consiste en que las empresas que ofrecen los servicios de transporte fluvial registren en cada uno de sus viajes a todos los menores de 18 años que suban a sus embarcaciones.
El director de Capital Humano y Social Alternativo, Ricardo Valdés Cavassa, consideró que aún son insuficientes los esfuerzos intersectoriales para erradicar el delito de trata de personas.
La institución que dirige acaba de presentar el libro La trata de personas en la región Madre de Dios, producto de una investigación realizada el año pasado en el ámbito de la carretera Interoceánica.
Según datos aproximados, habría 4,500 personas víctimas de explotación sexual y laboral en esa zona.
En la trata sexual las víctimas son mujeres que trabajan en bares. La mayoría procede de la sierra de Cusco, sobre todo de Sicuani. Las víctimas son menores de 18 años, quechuahablantes y captadas con falsas ofertas laborales.
Mientras que en la trata laboral, la mayoría de las víctimas corresponde a hombres menores de 18 años, que trabajan en la minería informal o en un servicio relacionado como el de limpieza en hospedajes o transporte público. Casi todos provienen de Cusco, Puno y Arequipa.
Otro sector responsable de acabar con la trata de personas en el país es el Ministerio Público. La fiscal provincial penal de Lima, Miluska Romero Pacheco, informó que junto con el Ministerio del Interior elabora una guía operativa para identificar lugares donde se registra alguna forma de trata, tanto para rescatar a las víctimas como para detener a los tratantes.
Los centros de emergencia mujer registraron el año pasado, a escala nacional, 67 casos de trata de mujeres menores de edad, mientras que el Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas de la Policía Nacional (Reta-PNP) da cuenta que desde 2004 se reportaron 1,960 víctimas rescatadas y 660 casos de trata.
El Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público ha identificado, mediante un mapa satelital, 121 distritos del país en donde se cometería explotación sexual.
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