Tras subrayar la importancia de esa medida para fortalecer la institucionalidad de los partidos y reducir el riesgo de un financiamiento de origen ilícito, precisó que ese beneficio sólo corresponde a las agrupaciones con representantes en el Congreso.
Añadió que para implementar esta medida, que es parte de la agenda de la comisión de reformas electorales y de partidos del Congreso, no se requiere de una nueva ley, sino sólo derogar una disposición transitoria de la Ley de Partidos, vigente desde 2003.
Señaló que, de acuerdo con esa ley, los recursos que entregue el Estado deben ser utilizados en actividades de formación, capacitación y formación de líderes y cuadros técnicos, así como para gastos ordinarios, con una adecuada fiscalización.
Tuesta reconoció que se trata de un tema impopular, pero dijo que tras varios años de crecimiento económico continuos hoy existen los recursos necesarios para hacer efectivo y real lo dispuesto en la Ley de Partidos Políticos, sin afectar la caja fiscal.
“Los 14 partidos que tienen representación parlamentaria recibirían alrededor de nueve millones de soles anuales. Esta es la cifra más baja de América Latina”, manifestó.
De acuerdo con la Ley de Partidos, estimó que cada uno debería recibir mensualmente 53,571 soles, lo que al año significa unos 642,000, aproximadamente; cifra que multiplicada por las 14 agrupaciones con representación parlamentaria llega a nueve millones de soles anuales.
Opinó que el financiamiento público directo contribuirá a disminuir el riesgo del ingreso de dinero de dudosa procedencia o mal habido, y además los partidos dejarían de ser vulnerables ante grupos de poder que pueden influenciar la vida política partidaria.
“Es más fácil controlar dinero proveniente de las arcas públicas, que el dinero privado que puede ser altamente peligroso en un país donde el narcotráfico y otras actividades ilícitas quieren ingresar a la política”, apuntó.
Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron esta semana a favor de un amplio debate sobre el financiamiento estatal, entre otras reformas para fortalecer a los partidos políticos.
(FIN) CVC/GCO
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