Durante la vigencia de esta medida, quedan suspendidas las garantías constitucionales referidas a la libertad y seguridad personal, inviolabilidad de domicilio y el derecho de reunión y de tránsito.
Asimismo, se precisa que la Policía Nacional del Perú (PNP) será la encargada del control del orden interno.
El decreto supremo, que fue suscrito en la víspera, lleva la firma del presidente Ollanta Humala, el jefe del gabinete ministerial, Óscar Valdés; y de los ministros de Defensa, José Urquizo; del Interior, Wilver Calle; y de Justicia, Juan Jiménez.
El jefe del gabinete ministerial precisó que esta medida busca salvaguardar la seguridad de la población y el libre tránsito en esa zona surandina ante protestas violentas contra la empresa minera Xstrata.
De otro lado, a través de una resolución suprema, el Poder Ejecutivo autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional, mientras dure el estado de emergencia en Espinar, a fin de garantizar el normal funcionamiento de los servicios en establecimientos públicos y privados.
También, los servicios de agua, luz, vías de acceso, entre otros, para prevenir los actos de violencia que puedan producirse a raíz de las acciones y actividades vinculadas o relacionadas con hechos propiciados contra las actividades mineras de la empresa Xstrata Tintaya y proyecto Antapacay.
La disposición precisa que la actuación de las FF. AA. constituye una tarea de apoyo a la misión de la PNP y no releva la activa participación de esta. El control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional.
La actuación de las Fuerzas Armadas está dirigida a contribuir y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando de este modo que los efectivos policiales concentren su accionar en el control del orden público y la interacción con la población.
(FIN) FPQ/FPQ
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