Mediante un comunicado, se señala que esa resolución podría haber sido recurrida en queja; aunque se precisa que tal recurso debe viable y no ser presentado si existe certeza de su denegación, para no utilizar los recursos del Estado en actos y acciones inconducentes.
 
“Ello no implica que los procuradores pueden decidir no impugnar dichos actos de manera arbitraria sino que implica la necesidad de que exista una fundamentación que respalde y justifique dicha decisión”, según el documento.

Por tal razón, la secretaría técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, por encargo de la ministra de Justicia, Eda Rivas, solicitó se informe las razones por las que no se presentó el recurso de queja.

“La Comunidad será informada en su oportunidad respecto del informe y las acciones que giraran entorno al presente caso”, indica el comunicado.

El texto recuerda que el caso que involucra a Toledo se deriva de los hechos acaecidos entre el 2001 y 2006, que motivaron tanto la investigación a nivel del Congreso de la República como a nivel de la Fiscalía de la Nación, a raíz de las denuncias presentadas por el entonces procurador público anticorrupción ad hoc Gino Ríos.

Además, que a través de 7 resoluciones, emitidas entre los meses de diciembre de 2006 y marzo de 2009, se resolvió decretar no ha lugar abrir investigación preliminar y el archivo definitivo de las denuncias.

Asimismo, que el Congreso determinó el archivo por caducidad de esa investigación y que se remita lo actuado al Ministerio Público.

Los actuados fueron derivados a la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que determinó finalmente que Toledo no tiene responsabilidad por el uso de recursos de modo que no es posible incorporarlo como responsable en los delitos denunciados.

(FIN) NDP/GCO