En declaraciones a la Agencia Andina, Peláez deploró las acciones violentas por parte de un grupo de manifestantes en Espinar, que dejaron dos muertos y decenas de heridos, entre ellos más de 70 policías.

Indicó que el grupo de fiscales de prevención del delito y contra los delitos comunes ya viajó a la zona y que actuará con toda energía ante las acciones vandálicas.
 
“Actuaremos con toda severidad. Cuando se comprueben acciones que violen o quebranten la paz, el Ministerio Público actuará con total energía y en forma drástica”, aseveró Peláez Bardales.

Informó que desde hace dos días los representantes del Ministerio Público llevan a cabo investigaciones contra quienes participaron en estos actos, que están respaldadas con vídeos y fotografías.

Sostuvo que esas pruebas han sido remitidas al juez de la zona y ya se ordenó la detención de 14 dirigentes del frente de defensa de Cusco.

Destacó, igualmente, la actuación de los fiscales al abrir una inmediata investigación que permitió la captura de un grupo de empleados de la municipalidad de Espinar, que transportaba en una camioneta material explosivo y armas punzo cortantes.

“Los detenidos han sido trasladados a Cusco y ahí ya se inició una investigación preparatoria, con conocimiento del juez”, explicó.

Por otro lado, Peláez informó que un gran número de fiscales se ha desplegado a las provincias cajamarquinas de Bambamarca y San Carlos, en Celendín, y también en los alrededores de la laguna de Conga, para prevenir actos de violencia.

“Nadie puede prohibir las manifestaciones o protestas legales, pacíficas; pero lo que no se puede permitir es que estas se conviertan en actos violentos que hagan daño a la propiedad, que alteren la paz y la tranquilidad de la ciudadanía”, apuntó.

Informó, asimismo, que la Fiscalía ha remitido nuevas pruebas al juez contra el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por los delitos que se generaron durante los actos violentos producidos en esa zona.

Precisó que estas denuncias se suman a las que ya tiene Santos por haber utilizado fondos del gobierno regional para sufragar los gastos de personas que participaron en marchas, en los días en que se produjeron revueltas en Cajamarca, y también por el uso de vehículos y combustible.

(FIN) LIT
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