También dijo que el gobierno central apuesta por elevar su ejecución presupuestal en el presente año lo más cerca al 100 por ciento, y facilitar que los gobiernos nacionales gasten lo más que puedan gastar.

Igualmente, subrayó que el Estado cuenta con fondos fiscales de ahorro público que pronto sumarán 7,000 millones de dólares, como un seguro adicional en caso la crisis externa se agrave.

Explicó que el MEF ha identificado que el retroceso en la inversión pública en algunos gobiernos locales tiene que ver con los contenciosos que enfrentan con contratistas que paralizan las inversiones hasta que se resuelvan.

Por ello, adelantó que se analiza cambiar la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y tener bases de las licitaciones mejor hechas y con mayor transparencia.

Sin embargo, reconoció que lo complicado son los permisos municipales porque hay muchos retrasos de las inversiones por trabas, trámites, licencias de construcción y otros que estas entidades exigen; por ello, el gobierno aprobará normativas para evitar estos retrasos.

Castilla consideró que el Estado no debe aplicar políticas que son contraproducentes a la promoción de la inversión privada, por lo que es importante llegar a un equilibrio entre el derecho laboral y la flexibilidad del mercado laboral.

“En una coyuntura donde el mundo está empezando a flexibilizar el mercado Perú no puede hacer más rígido su mercado interno. Es importante que en el Congreso de la República se den normas que sean coherentes con el esfuerzo de crear mayor confianza y predictibilidad”, opinó.

Advirtió que el proyecto de ley del Congreso para eliminar el régimen de Contratos por Administración de Servicios (CAS) y que los trabajadores públicos pasen a planilla en forma inmediata tiene un costo de por lo menos 800 millones de nuevos soles.

Sin embargo, dijo que el Poder Ejecutivo ha planteado un proyecto de ley que incluye otorgar a estos trabajadores beneficios laborales como vacaciones y gratificaciones, migrar a un nuevo régimen laboral basado en meritocracia y que cada entidad revise el perfil de los profesionales que requiere.

Precisó que se trata de un proceso ordenado que se empezaría a implementar gradualmente a partir del 2013 porque es la única forma de compatibilizar la inclusión y la formalización de los trabajadores manteniendo el manejo racional de los recursos públicos.

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