Entre 2003 y 2009 los desastres en Perú provocaron la muerte de 1,387 personas; la desaparición de 132 ciudadanos; 4,050 heridos; y 800 mil 762 damnificados, indicó el congresista.

Añadió que el número total de afectados ascendió a seis millones 165 mil 227 ciudadanos, sin contabilizar las cifras registradas desde 2009 hasta 2011.

El congresista de Alianza Parlamentaria indicó al Diario Oficial El Peruano que su grupo de  trabajo analiza un proyecto de ley que establece el reasentamiento  poblacional gradual de los centros poblados ubicados en zonas de riesgo.

Adelantó que en los próximos días se invitará al titular del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, y al ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, para tratar este tema.

Explicó que el reasentamiento poblacional tendría un costo de 2,500 millones de nuevos soles en el próximo quinquenio (500 millones por año), que es el periodo previsto para el traslado ordenado de estos centros poblados.

Refirió, no obstante, que se trata de un monto pequeño si se tiene en cuenta que el Gobierno tendría que gastar no menos de 4,500 millones si el país sufriera en este momento un cataclismo.

“El problema es que la mitad de los peruanos, cerca de 15 millones de habitantes, reside en zonas peligrosas, y de esa cantidad el 10 por ciento vive en zonas de alto riesgo no mitigable", enfatizó.

El legislador explicó que se trata específicamente de centros poblados asentados junto a algunos cerros donde normalmente se producen aluviones, o en los lechos de los ríos.

Mencionó que en Lima también hay numerosas familias en riesgo, básicamente porque viven en zonas tugurizadas, en viviendas antiguas, o en callejones que podrían convertirse en una trampa mortal en caso de registrarse un terremoto.

"Todas estas personas tienen que ser reasentadas paulatinamente en el curso de cinco años, para lo cual tiene que hacerse una reprogramación que les permita acceder a viviendas de interés social", añadió.

Indicó que el objetivo es aprobar el proyecto de ley que trabajan lo antes posible, a fin de que ingrese en la agenda del Pleno y se apruebe antes del término de la presente legislatura ordinaria, que culmina en diciembre.

De otro lado, el congresista solicitó la inmediata promulgación de la autógrafa de ley por la que se prorroga la vigencia del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) por cinco años, otorgándose facultades para que se titule a zonas   del sur del país afectadas por el terremoto del 15 de agosto de 2007, estableciéndose, además, la exoneración de las tasas y aranceles.

Afirmó que el proyecto fue aprobado por el pleno del Congreso, por lo que solo está pendiente su promulgación y publicación en el Diario Oficial El Peruano.

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