Si bien refirió que la liquidación de la minera es un tema del ámbito empresarial privado, resaltó la importancia del proceso porque se había convertido en “un tema social” que preocupaba a numerosas familias.

“Esta modalidad de liquidación es interesante, porque mantiene la relación laboral de los trabajadores hasta el final, es decir, no se les deja en el desamparo. Así tendrán la oportunidad de seguir laborando mientras Doe Run continúe”, declaró a la Agencia Andina.

Por ello formuló un llamado a la tranquilidad a todos los trabajadores para que continúen sus labores y eviten las acciones de protesta que anteriormente protagonizaron, incluso con bloqueos de carreteras.

Martínez recordó que Doe Run había sido separada de la SNMPE por no cumplir con su compromiso de entregar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), necesario para que las empresas mineras empiecen a operar.

“Los PAMA se establecieron en la década de los noventa y de los 69 compromisos presentados por las empresas mineras 68 se cumplieron. La única compañía que no presentó, y mucho menos cumplió, fue Doe Run”, señaló.

Añadió que a diferencia de Doe Run, que tenía a su cargo la operación de la planta metalúrgica de La Oroya, las empresas mineras que operan en el país tienen en claro su compromiso de inversión con el ambiente natural y con la población.

Según dijo, la minería formal es la actividad más controlada y fiscalizada por el Estado; por ello las compañías toman todas las medidas necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato.

“Entendemos el reclamo de las poblaciones contra la contaminación, pero debemos aclarar que la contaminación proviene de esa minería artesanal e ilegal que el Gobierno, en una decisión que aplaudimos, ha decidido combatir”, subrayó.

(FIN) JCP/GCO

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