Respaldó, en ese sentido, esa decisión de la junta de acreedores de esa empresa, debido a la imposibilidad de aprobar el plan de reestructuración presentado por ella.

“Es parte de la política que aplica el gobierno de desarrollar una nueva minería, con mayor responsabilidad social. Hay un gobierno firme que no negocia bajo la mesa”, declaró a la Agencia Andina.

Manifestó que su posición personal es que no quedaba otro camino que la liquidación en marcha, ya que la empresa incurrió en una conducta sistemática de incumplir el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), a pesar de las ampliaciones otorgadas por el Estado.

Además, pretendía que el Estado asuma sus deudas y pasivos, lo que demuestras que se trataba “de una empresa con una actitud tramposa, que no garantizaba nada”.
 
Señaló que esta decisión también deja un mensaje claro a las empresas mineras que quieren invertir en el país: “el Estado protegerá a la inversión responsable, que respete el medio ambiente y no cometa abusos.

“Las empresas tienen que acogerse a las reglas y cambiar de actitud, porque habrá compañías más transparentes por las que podrían ser reemplazadas”, expresó.

De acuerdo al ministerio de Energía y Minas, la liquidación en marcha permitirá que los trabajadores no pierdan sus empleos y que la empresa, que posee el complejo metalúrgico de La Oroya en Junín,  pueda continuar operando como hasta ahora, esta vez bajo la administración de un liquidador.

(FIN) CVC/GCO