Señaló que la aplicación de la norma servirá para instalar políticas de interculturalidad en el Estado, lo que se traducirá en la aplicación de propuestas en defensa de los derechos y los intereses de las comunidades tantas veces postergada por el Estado.
La aplicación de la Ley de Consulta Previa permitirá la defensa del derecho individual y colectivo de los pueblos indígenas y será una de las experiencias más valiosas que se producirán en el Perú en los próximos años, afirmó.
La Comisión Multisectorial encargada de redactar el reglamento de la ley, tiene un plazo de 90 días para elaborar el documento, cuyo borrador final será presentado en la primera quincena de diciembre.
El grupo de trabajo fue instalado con la asistencia de representantes de los ministerios de Agricultura, Educación, Energía y Minas, Trabajo y Ambiente.
La norma regula el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios sobre las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente.
La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos originarios.
Se establece además que la decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa, que se ha sometido a consulta, corresponderá a la entidad estatal competente.
(FIN) NDP/RRC