El titular del Instituto Nacional Penitenciario, José Luis Pérez Guadalupe, indicó a la agencia Andina que la que la ley promulgada hoy y que sanciona con cárcel el ingreso y posesión de cualquiera de esos elementos a los penales, permite un margen de 60 días para esa acción.
Anotó que tras la aprobación de la norma, inmediatamente se comenzará una intensa campaña de sensibilización para que los internos entreguen esos elementos y que cumplido los 60 días seentrará de lleno con la Fiscalía.
Pérez Guadalupe saludó la expedición de esta ley calificándola como un “paso importante” para mejorar la seguridad en las cárceles del país.
“Se trata de una herramienta legal que nos permite penalizar el ingreso de objetos prohibidos como celulares y otros equipos de comunicación, cámaras fotográficas y filmadoras, así como componentes de los mismos, pero también a quienes pretendan sabotear las medidas y equipos de seguridad de las cárceles”, manifestó.
Dijo que si bien no se puede señalar con certeza a algunos agentes penitenciarios por ese problema, lo que se ha podido encontrar es que los equipos de rayos X, los escáneres y detectores de metales fijos y hasta los manuales no funcionan, porque de les retiró el chip o la batería.
“Si allí no hay complicidad, por lo menos hay negligencia”, remarcó.
El titular del INPE reconoció que una ley no necesariamente garantiza que no se cometa el delito pero que, por lo menos, es una medida disuasiva que ayudará a disminuir la incidencia de casos.
Agregó finalmente que la ley aprobada es una primera etapa de toda la estrategia que se está trabajando a fin de dotar de seguridad a los penales, que implica utilizar toda la tecnología a mano para alcanzar ese objetivo.
De otro lado, Pérez Guadalupe aclaró que el periodista Rudy Palma, acusado de intervenir correos electrónicos oficiales, está recluido en el penal de Ancón 2, para reos primarios, y desmintió versiones periodísticas de que estaría en el penal de Piedras Gordas (Ancón 1) para delincuentes de alta peligrosidad.
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