“En todo caso, lo que sí hay que hacer es fijar rápidamente la obligación de los presidentes regionales de dar cuentas al Congreso una vez a al año de su gestión y cuantas veces se lo solicite”, dijo en declaraciones a la Agencia Andina.

El legislador -integrante de Alianza Parlamentaria y voceado como uno de los posibles candidatos a la Presidencia del Congreso- consideró para que ello debe establecerse que los presidentes regionales pueden ser conducidos de grado o fuerza al Parlamento en caso no acepten presentarse voluntariamente.

García Belaunde destacó también que en el Parlamento se ha generado un consenso entre la mayoría de fuerzas políticas sobre la necesidad de establecer un mayor control a estos funcionarios.

“Creo que todos en el Congreso estamos formándonos una idea parecida en el sentido de que tenemos que crear en el Parlamento algún tipo de control sobre estas autoridades”, declaró a Andina.

En ese marco, se pronunció a favor de estudiar algunas causales de vacancia para los presidentes regionales como el desacato o la negativa a aplicar normas de alcance nacional y políticas de Estado.

Asimismo, dijo que también se debería evaluar como causal de vacancia el uso indebido de los recursos de sus regiones para objetivos políticos.

Sostuvo que una eventual censura a los presidentes regionales, como propone un proyecto de ley presentado en el Parlamento, requeriría una reforma constitucional y elevar a estos funcionarios al mismo nivel que un ministro de Estado, medida que a su juicio no convendría al país.

“En todo caso, lo que sí hay que hacer es fijar rápidamente la obligación de los presidentes regionales de dar cuentas al Congreso una vez a al año de su gestión y cuantas veces se lo solicite”, dijo.

Consideró que para ello debe establecerse que los presidentes regionales pueden ser conducidos de grado o fuerza al Parlamento en caso no acepten presentarse voluntariamente.

“Esa obligación debe estar establecida, puede ser por una ley simple e inclusive a través del reglamento del Congreso”, agregó.

Advirtió que la Contraloría General de la República no se da abasto para controlar a los más de 2 mil gobiernos locales y 25 gobiernos regionales.

“Entonces tiene que haber -aparte de un control económico y presupuestal, que lo hace la Contraloría- otro tipo de supervisión política que actualmente no se da”, subrayó.

(FIN) MDV/CCR