Sostuvo que por la salud política del país debería adoptar esa medida por decisión propia, ya que esa norma claramente es contraria a la Constitución.
“Está claro que esa norma es inconstitucional, el propio presidente de Cajamarca lo sabe y sería bueno para la salud política del país, que revoque su propia decisión y abrogue esa norma”, afirmó.
Agregó que el TC tiene en claro la inconstitucionalidad de la norma porque, en anteriores, ocasiones se ha pronunciado sobre la infracción a la Carta Magna que cometieron otros gobiernos regionales con normas que excedías sus competencias.
El jurista lamentó que, en ocasiones, la autoridad de un gobierno regional desconozca la competencia del gobierno central porque ello lo adentra en “el terreno de la sedición”.
“No tengo duda que el Tribunal tiene en claro el tema porque ya se ha pronunciado en ocasiones anteriores (…) Por eso, hay que exhortar al presidente regional a un acto de reflexión, de mesura, y que abrogue la norma, y así soluciona parte del problema”, indicó.
La ordenanza que declara inviable el proyecto Conga fue publicada un día después de que el Poder Ejecutivo acordó con autoridades y la sociedad civil de Cajamarca, realizar el peritaje internacional para el proyecto minero, suspendido por objeciones ambientales.
El peritaje busca obtener información objetiva para prevenir el eventual impacto ambiental que generaría ese proyecto de 4,800 millones de dólares.
De otro lado, García Toma refirió que existe una suerte de “incomprensión” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia el Perú porque el país sufrió la violencia y terror de bandas subversivas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Añadió que debido a esa actuación, el papel de la Comisión en los últimos años resulta discutible para buena parte de los países de la región porque las denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos generan fricciones al interior de esas naciones.
“Habría que buscar que la Comisión salga de ese dogmatismo académico, de esa suerte de talibanismo en que está incurriendo, que genera problemas como en nuestro país”, planteó en TV Perú.
Para ello, recomendó que las naciones del sistema interamericano definan un perfil más claro de a quiénes se designan como miembros de la Comisión, y que hagan una campaña para efectuar una modificación de las políticas jurisdiccionales.
García Toma compartió la posición del Ministerio de Justicia de rechazar el permiso otorgado para viajar al extranjero, a sentenciados por terrorismo que no dieron garantías de su retorno al Perú a fin de culminar con sus respectivas sentencias.
“No se ha visto de los jueces la capacidad de exponer a la opinión pública las razones que sustentan su decisión y las garantías que han recibido de los sentenciados”, cuestionó.
(FIN) JCP/GCO