Agregó que esa enseñanza debe ser asumida tanto por el Poder Ejecutivo y el Congreso, como por los ciudadanos y las autoridades locales, tal como lo planteó ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Parlamento.

“Debemos tener mayor agilidad para que esta información se sistematice, se articule, y pueda ser transmitida adecuadamente. Esa es la enseñanza que todos debemos aprender para enfrentar futuros conflictos sociales en Perú”, expresó.

Según explicó, la información sobre factores de contaminación ambiental usualmente no se produce de manera oportuna, y cuando se elaboran a tiempo no necesariamente se comunica bien a la ciudadanía.

Recordó que la organización del Estado peruano es sectorial, pero que los temas ambientales, por sus características, son transversales y su sistematización requiere de una articulación entre todas las instituciones involucradas con el ambiente y el entorno natural.

Por ejemplo, mencionó al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) del Ministerio de Agricultura; la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) y el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), del Ministerio de Salud, y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Pulgar-Vidal refirió que todas estas instituciones elaboran informes sobre factores de contaminación, pero quizás sólo una llega hasta la población justamente por esa falta de articulación y sistematización de la información del Estado.

“También debemos afinar conceptos; por ejemplo, límites máximos permisibles y estándares de calidad ambiental, que en muchas ocasiones se confunden a pesar de que son cosas diferentes. También el concepto contaminación tiene diferentes contenidos”, señaló.

Por otro lado, el titular del Ambiente opinó en el programa televisivo Puertas Abiertas, del Congreso de la República, que es necesario fortalecer la capacidad de revisión de los estudios de impacto ambiental por parte del Estado, de tal forma que una deficiencia en el documento técnico pueda detectarse a tiempo.

(FIN) JCP/GCO
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