Señaló que en el pasado la minería produjo mucho daño al país, por ello, existe una oposición latente contra la inversión minera, empero, apuntó, la actividad extractiva es más tecnificada y ha reducido su impacto.
“Pero existe temor y eso hay que vencer. Los grandes instrumentos técnicos que nos van ayudar a superar este momento es la Ley de la Consulta Previa, porque nos va a permitir escuchar de manera mucho más organizada y estructurada a las poblaciones indígenas”, declaró a Ideeleradio.
Sin embargo, manifestó, dicha norma debe ir acompañada de otras herramientas para un mejor manejo en la prevención de los conflictos.
Una de ellas, dijo, entregar al Ministerio del Ambiente la responsabilidad de supervisar la elaboración de los estudios de impacto ambiental, que actualmente recae en el Ministerio de Energía y Minas, para pasar a un sistema de control más confiable en este aspecto.
A su juicio, dicha cartera debe garantizar que las inversiones mineras generen un impacto mínimo y reducido sobre las comunidades de influencia y el medioambiente, además, asegurar que el estudio de impacto ambiental sea conocido por la población.
Una segunda medida, agregó, es impulsar un ordenamiento territorial para establecer las áreas específicas de explotación minera y que otras quedarán excluidas o destinadas a otro tipo de actividades productivas.
Agregó que el país debe basar su crecimiento en un conjunto de actividades y no solo en la minería, “eso es importante es este momento”, acotó.
El defensor del Pueblo recalcó que un conflicto social nace con legítimas demandas, pero se convierte en un acto ilegal cuando recurre a la violencia, bloquea carreteras e impide el libre tránsito de los ciudadanos.
Asimismo, insistió en la necesidad de fortalecer en el Estado, la unidad en el trabajo de prevención de conflictos, ya que no es tarea exclusiva del Ejecutivo, sino se requiere del compromiso de los gobiernos regionales y locales.
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