El adjunto para Conflictos Sociales de esta entidad, Rolando Luque, consideró necesario debatir la estrategia para enfrentar la conflictividad social que podría presentarse el próximo año.

“El Gobierno debe abrir un debate entre los especialistas respecto a cuál es la mejor estrategia que debe desarrollar el Estado para enfrentar la conflictividad social que se va a presentar; hay tener en cuenta que están pendientes proyectos de inversión por 40 mil millones de dólares y necesitamos estar preparados desde ahora”,indicó en declaraciones a la Agencia Andina.

Agregó que en este debate pueden participar representantes de los gobiernos regionales, el Ministerio Público, la Policía Nacional , las universidades, entre otras instituciones vinculadas a la problemática social.

La propia Defensoría del Pueblo, añadió, podría colaborar activamente en este proceso, pues desde hace siete años realiza estudios sobre los conflictos sociales registrados en el territorio nacional y cuenta con la experiencia necesaria para realizar diversas iniciativas. 

Destacó que al crearse espacios de debate se pueden obtener enfoques descentralizados de los conflictos y a la vez contar con equipos multidisciplinarios, integrados por profesionales que sepan intermediar e iniciar procesos de diálogo cuando ocurran los problemas.

Sostuvo que en este debate también se puede tocar el tema del ordenamiento territorial y el procedimiento para el otorgamiento de las concesiones, tema muy sensible en la población.

“El Estado debe estar organizado con criterios preventivos, es decir, conocer las demandas e iniciativas de la sociedad y saber canalizarlas adecuadamente. Empezaríamos bien el año 2012 si el gobierno promueve una discusión técnica sobre cuales son estas estrategias para encarar la conflictividad durante el próximo año y los siguientes”,subrayó.

El funcionario planteó también fortalecer las oficinas de monitoreo de conflictos de manera descentralizada con el fin de realizar un trabajo más coordinado con los gobiernos regionales y otras instituciones.

Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, actualmente están pendientes al menos 214 conflictos sociales en todo el territorio nacional, la mayoría de los cuales están relacionados con temas medioambientales.

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