Sostuvo que, en principio, toda persona que cumplió su condena está redimida ante la sociedad y no debería tener limitaciones en sus derechos; pero recordó que el artículo 103 de la Constitución permite establecer una regla de diferenciación para ciertos casos.

En ese sentido, dijo, todo depende del cuidado que tengan los legisladores al momento de justificar la limitación del acceso al magisterio de los docentes condenados por terrorismo que ya cumplieron su condena, cuando se debata y apruebe en el Congreso el proyecto de Ley de Reforma Magisterial.
 
Añadió que toda diferenciación debe ser objetiva, razonable y proporcional, de acuerdo con los principios establecidos por el TC.

“Una norma de diferenciación es constitucional; pero debe establecerse en la exposición de motivos cuáles son las razones y los objetivos de la dación de esa norma, con lo cual se le dará visos de constitucionalidad”, dijo a la Agencia Andina.

Mencionó que en la legislación internacional se fijan limitaciones similares, pero para el ejercicio de los derechos políticos, a quienes han sido condenados por terrorismo, como ocurre en España, por ejemplo.

García Toma señaló que en el caso de los condenados por violación es más fácil establecer la prohibición de retorno a la carrera magisterial, y recordó que limitaciones de esa naturaleza ya son impuestas en otros países.
 
La semana pasada, el presidente del Poder Judicial, César San Martín, dijo que es “absolutamente razonable” que los maestros que cumplieron condena por terrorismo no vuelvan a enseñar en los colegios; aunque advirtió que es necesario evaluar la vía adecuada de establecer esa limitación.

(FIN) GCO/GCO
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