Comentó en ese sentido la decisión del procurador Julio Arbizu de denunciar a los directivos de la empresa Krasny -vinculada a Alexis Humala, según medios de comunicación- que presuntamente estaría impedida de realizar contrataciones con el Estado.

Asimismo, destacó la separación de esa compañía de la lista de proveedores del Estado.

Soto Vallenas sostuvo que esas decisiones constituyen un buen mensaje que refleja una voluntad firme de luchar contra la corrupción.

“Se reaccionó de manera inmediata, independiente de quiénes se encuentren involucrados y más allá de las relaciones interpersonales que puedan haber en el gobierno. Este es un mensaje positivo”, declaró a la Agencia Andina.

Opinó que, de esa manera, “el discurso anticorrupción se ha trasladado a la realidad”, y resaltó que el Gobierno no se quede con un simple mensaje, sino que efectivice sus alcances para que, mediante las acciones respectivas, las denuncias se esclarezcan en las instancias correspondientes.

Indicó que Procuraduría Anticorrupción tomó las medidas necesarias y ahora es tarea del Ministerio Público establecer responsabilidades.

Filtraciones

Asimismo, opinó que los alcaldes deberían asumir su responsabilidad por la focalización de los beneficiarios de los programas sociales y velar porque no se produzcan filtraciones que desvirtúen la finalidad de brindar asistencia a los más necesitados.

En ese sentido, respaldó que se denuncie a los funcionarios que resulten responsables por esta situación producida en el programa Pensión 65 en la localidad de Supe, en la provincia limeña de Barranca.

Instó a los gobiernos locales a contratar a personal profesional y capacitado para realizar el monitoreo y fiscalización a los programas sociales.

(FIN) CVC/GCO