La moratoria comprende la creación y autorización de funcionamiento de facultades, escuelas profesionales, secciones de post-grado o unidades académicas de formación profesional, así como filiales de universidades públicas y privadas.

La finalidad, indica, es definir una política de Estado que se exprese en una nueva legislación de la educación universitaria bajo un sistema de acreditación.

El dictamen crea una comisión especial encargada de revisar, ordenar, unificar y sistematizar la normatividad que regula las universidades.

Esta comisión especial estará conformada por representantes del Congreso, el Poder Ejecutivo, las universidades públicas y privadas, y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria.

Asimismo, el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, Consejo Nacional de Decanos,  representantes de estudiantes universitarios y de gremios empresariales.

Al respecto, el congresista Vicente Zeballos (SN), autor del proyecto de ley, dijo que esta norma está orientada a a establecer parámetros mínimos por una oferta universitaria con calidad.

Según un estudio regional presentado por Universia, entre los años 2005 y 2010 se crearon 16 nuevas universidades privadas en todo el país, lo que permitió un incremento de 41.3 por ciento en la matrícula en esos centros de formación superior.
 
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