Ello como parte de la primera etapa del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia (PMSAJ), que incluirá una serie de proyectos de inversión, de los cuales el tesoro público aportará 10 millones de dólares.
Este proyecto se desarrolla gracias a la firma, en enero último, del contrato de préstamo entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Estado peruano.
Gracias a esta inversión se podrá ejecutar la modernización e implementación de los centros de Asistencia Legal Gratuita (Alegra), el Proyecto de Modernización del Sistema de Reinserción Social del Menor, el relanzamiento de los centros integrados de administración de justicia (Cisaj).
Asimismo, el Sistema Integrado para la Identificación de Detenidos, Procesados y Sentenciados, un Sistema de Gestión Académica E-Learning, un Sistema de Gestión de Expedientes, entre otros.
"Creemos que la esencia del proyecto tiene que ser una ejecución eficiente y eficaz de los recursos, pero también un análisis del impacto de las acciones, es un valor agregado que queremos incorporar", dijo Jiménez Mayor.
La ejecución comenzará a partir de abril próximo, la unidad ejecutora estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se espera implementar a finales de julio el primer centro Alegra financiado con este proyecto.
A la reunión asistieron los presidentes del Poder Judicial, César San Martín; Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez; Consejo Nacional de la Magistratura, Gonzalo García; Instituto Nacional Penitenciario, José Pérez Guadalupe.
También estuvo presente el director general de la Academia de la Magistratura, Pedro Grández; el representante del BID en Perú, Fidel Jaramillo; el jefe de operaciones del BID, Fernando Montenegro; así como la jefa de la Oficina de Proyectos del Ministerio Público, Carmen Condorchúa.
Tras la presentación, los titulares de las diversas instituciones mostraron su interés en la suscripción de un convenio de interoperabilidad en el sistema de administración de justicia.
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