Consideró que dicha norma emitida por el Poder Ejecutivo, en el marco de las facultades delegadas por el Congreso, es un instrumento importante en la lucha contra esos delitos.

En declaraciones a la agencia Andina, Arbizu explicó que gracias al Decreto Legislativo 1104, ahora la justicia no solo podrá incautar bienes a las organizaciones del narcotráfico, sino también a las personas procesadas por delitos de corrupción.

Según dicha norma, los bienes o recursos adquiridos como consecuencia de los delitos cometidos por concusión, peculado, cohecho, tráfico de influencias, entre otros, podrán ser confiscados a favor del Estado.

“Esto va a permitir hacer incautaciones de bienes relacionados con la comisión de delitos de corrupción, más fácilmente y más ampliamente”, subrayó.

Arbizu dijo que en los últimos años se había registrado un olvido en la tarea fundamental de la defensa jurídica del Estado de recuperar el patrimonio despojado al país por funcionarios corruptos de administraciones anteriores.

Explicó que ello no se debió a un problema de ausencia de normas, sino de la falta de un trabajo coordinado que debían realizar las instituciones encargadas de perseguir a los autores de este tipo de delitos.

“Es muy importante que todas las instancias que están comprometidas en esa lucha tengan una mirada sistemática y conjunta del problema. Las normas sirven, pero sirve mucho más que las instituciones se comprometan a darle cumplimiento y a colaborar entre ellas”, aseveró.

Mencionó, por ejemplo, la estrecha relación que mantiene su despacho con el Ministerio Público, al que deriva los expedientes de todas las investigaciones que realiza la procuraduría en materia de delitos de corrupción.

“Y participamos desde las investigaciones preliminares, desde el conocimiento mismo del hecho, hasta el final”, manifestó.

Consideró que ahora es necesario reforzar otras instancias del proceso de investigación como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que la detección de dinero del extranjero sea más efectiva y rápida.

Insistió, en ese sentido, en la necesidad de revisar las funciones y competencias de la labor en general que realiza la UIF para mejorar su trabajo de seguimiento a las cuentas del dinero ilícito.

Señaló que la relación de esta instancia con la procuraduría anticorrupción ha sido descuidada en los últimos años, porque antes no se le dio la debida importancia a esa coordinación.

(FIN) LIT/GCO