Lima, may. 28 (ANDINA).- La Contraloría General de la República creó la Veeduría Ciudadana, con el fin de mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los funcionarios y servidores públicos, así como propender al manejo honesto, transparente y eficiente de los recursos del Estado.
Las veedurías ciudadanas ejercen vigilancia de la gestión de las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Control, formulando mediante los órganos del sistema recomendaciones oportunas ante las entidades que ejecutan un programa, proyecto o contrato.
El funcionamiento del registro y el consecuente ejercicio de la Veeduría Ciudadana entrará en vigencia después de los 10 días hábiles de concluido el primer curso de capacitación y entrenamiento de veedores ciudadanos, según establece una resolución de Contraloría que crea esta instancia.
Según la norma, la acreditación para ejercer labores de veedor ciudadano implica exclusivamente el ejercicio de la veeduría ciudadana en representación de la Contraloría General, no pudiendo ser utilizada para otros fines.
En ese sentido, las personas que ejercen labores de vigilancia ciudadana, inscritas en el registro respectivo no guardarán ningún tipo de relación laboral o contractual con la Contraloría General de la República y no serán empleados públicos.
No podrán ser considerados o continuar con las labores de veeduría ciudadana, en algún caso concreto, las personas que tengan conflicto de interés con la entidad objeto de la vigilancia.
Tampoco aquellas que hayan laborado o prestado servicios, independientemente de la modalidad contractual en la entidad objeto de vigilancia en los últimos dos años.
Igualmente las personas cuyo cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en la entidad vigilada ni los que tengan igual parentesco con el contratista, proveedor o trabajadores de los mismos, en las obras, contratos o programas objeto de vigilancia.
De haber incurrido en el ejercicio de la veeduría ciudadana, en alguna de las incompatibilidades señaladas, la Contraloría procederá a la exclusión del registro respectivo, previa evaluación, decisión que constituye un acto administrativo interno y, por lo tanto, inimpugnable.
Para el especialista en Derecho Municipal, Marco Tulio Gutiérrez, la Veeduría Ciudadana constituye un importante avance en la lucha contra la corrupción, pues permitirá ampliar el número de participantes en el control del gasto público, que es una tarea que solitariamente realizan los órganos de control institucional de cada una de la entidades públicas, con las consiguientes limitaciones de personal.
Destacó la importancia de que se haya precisado que los veedores no guardarán ninguna relación laboral con la Contraloría, ni con las entidades en cuyos procesos de selección o de control del gasto social participen.
El experto estimó que debería incluirse un sistema de sorteo para la selección de los procesos en los que deben participar los veedores, pues ello permitirá hacer mucho mas transparente la designación desde la Contraloría hacia las entidades públicas.
En el ámbito municipal se encuentran con procesos judiciales las actuales administraciones municipales de Ancón, Ate, Barranco, Chorrillos, La Victoria, Lince, Lurín, Pachacámac, Rímac, San Isidro y San Juan de Lurigancho, así como otras 43 municipalidades distritales del interior del país y unas 20 municipalidades provinciales, puntualizó.
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