Lima, jun. 11 (ANDINA).- El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Estado contra la ordenanza del Gobierno Regional de Puno que posibilita la legalización de la hoja de coca, tras la audiencia en que se realizó la vista de esa causa.
En la sesión, el procurador ad hoc del Estado, Ricardo Castro Belapatiño, pidió expulsar del ordenamiento jurídico del país dicha norma al considerarla contraria a la Carta Magna.
Durante su intervención señaló que dicha instancia regional no tiene ningún argumento racional que sustente la ordenanza por la que dispone la legalidad del cultivo de coca declarándola “Patrimonio Cultural”.
Explicó que ni la ley de Bases de Descentralización ni la de Gobiernos Regionales faculta al Gobierno Regional de Puno a decidir sobre temas nacionales, como es la condición de los cultivos de hoja de coca, principal insumo para la elaboración de cocaína.
“La ley de Gobiernos Regionales le atribuye la facultad de promover y no declarar determinados productos o cultivos como patrimonio culturales”, dijo al subrayar que la política de lucha contra las drogas es una responsabilidad del Gobierno.
Un reciente estudio de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) reveló que en Puno más del 90 por ciento de esa planta se destina al narcotráfico; y el resto va al consumo tradicional.
Castro Belapatiño sostuvo que dicha ordenanza es inconstitucional, además, por ser una norma con rango de ley que busca la ruptura del orden constitucional, y atenta contra la política nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el principio de la cosa juzgada.
Los abogados del Gobierno Regional de Puno, Wenceslao Apazañaupa y José Coella Aguilar, defendieron la referida ordenanza y argumentaron que dicha instancia no está en contra de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, ni busca el fraccionamiento del Estado.
Agregaron que a criterio de ese gobierno regional existe una supuesta “inercia” de parte del Gobierno Central sobre la situación de las comunidades campesinas que cultivan la hoja de coca, y que se ven “afectadas” por la política de erradicación de esa planta, principal insumo para la elaboración de cocaína.
De tal manera, agregaron, que en base al principio de “subsidiaridad” se dictó dicha ordenanza la cual será complementada –adelantaron- con otras normas que permitan contribuir a la política de lucha contra el narcotráfico.
Tras la vista de la causa, el Pleno del TC dejó al voto el caso para el fallo final que puede producirse en 30 días. Un vocero del organismo constitucional explicó que el fallo podría darse antes de ese plazo, si se trata de evitar que se generen situaciones de hecho al amparo de una norma cuestionada.
Cabe indicar que el TC ya declaró inconstitucional, el año 2005, dos ordenanzas similares emitidas por los gobiernos regionales del Cusco y Huanuco.
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