“Nosotros seguimos abiertos al diálogo, a llegar a aproximarnos a una solución legal y constitucional”, dijo en Canal N.
En ese marco, el representante del Ejecutivo formuló un llamado a la población puneña a deponer las medidas de fuerza que incluyeron, según despachos periodísticos, la toma y el saqueo de locales públicos.
El ministro añadió que podrían encontrarse “soluciones caso por caso” a las demandas, porque no todos los sectores que protestan contra la minería tienen las mismas exigencias.
Asimismo, Sánchez dijo que la demanda de los dirigentes de la protesta, quienes exigen al Ejecutivo emitir decretos anulando las concesiones mineras en la zona, es inconstitucional, por lo cual es imposible atenderla.
“Eso equivale a que a través de un decreto supremo le cancelemos la licencia a un medio de comunicación”, indicó tras señalar que aceptar esa demanda generaría pasivos y contingentes económicos al Ejecutivo, además de afectar la seguridad jurídica.
“En consecuencia el pedido es maximalista e incumplible”, subrayó.
Del mismo modo, el ministro sostuvo que no se observa en lo dirigentes ninguna voluntad por buscar alternativas de solución.
“Ellos entienden que negociar es ir y alcanzarles los decretos que están pidiendo”, añadió.
Reveló, además, que las ofertas del Ejecutivo, como la suspensión temporal de la actividad minera hasta encontrar una salida, fueron rechazadas.
Por ello afirmó que percibe “una cerrazón que entendemos tiene otros fines, algo que se mencionada como enturbiar el proceso electoral, algo que creo no se deben descartar”.
Un sector de la población de Puno viene protagonizando desde hace varios días una paralización en demanda del cese de la actividad minera, al considerar que perjudica el ecosistema y no ofrece beneficios suficientes a la zona.
El Ejecutivo envió una Comisión de Alto Nivel con la finalidad de dialogar con los dirigentes de los manifestantes a fin de buscar una solución a través del diálogo y el consenso, aunque hasta el momento no se alcanza ese objetivo.
(FIN) CCR