Los grupos de trabajo, que ya se instalaron, buscan combatir acciones delictivas como el narcotráfico, corrupción, trata de personas, migración ilegal, crimen organizado, entre otros.

Para ello se ha convocado a importantes juristas y profesores universitarios, los que deberán presentar, en un máximo de 30 días calendario, un informe final al Minjus, con las recomendaciones y propuestas legales y normativas correspondientes.

El Minjus contará con la asistencia técnica del Instituto Max Planck para el Derecho Penal Internacional (Alemania) y de expertos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD).

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Jiménez Mayor, informó que estas propuestas implicarán un punto de quiebre en la lucha contra la criminalidad, buscando evitar que el país ingrese a una espiral de violencia y puedan las agencias del Estado controlar los fenómenos delictivos.

“Daremos las herramientas legales indispensables para combatir el crimen y la delincuencia organizada, con medidas certeras que implican reformas al Código Penal y otros cuerpos normativos, así como la búsqueda de estructuras operativas que apliquen estos nuevos instrumentos de forma eficaz y contundente”, enfatizó. 

(FIN) Agencias/GCO