Lima, jul. 20 (ANDINA). El relator especial de la ONU para los pueblos indígenas, James Anaya, ratificó en su informe sobre los sucesos del 5 de junio en Bagua que no recibió pruebas que demuestren más muertos de los confirmados, ni la presunta existencia de fosas comunes, y reconoció los pasados dados por el gobierno para solucionar los problemas de fondo que aquejan a los pueblos indígenas.
“El Relator Especial no encontró evidencia concreta ni escuchó testimonios específicos sobre muertos además de aquellos confirmados, como tampoco recibió evidencia concreta de la existencia de fosas comunes como se había difundido públicamente”, se precisa en acápite 25 del informe hecho público hoy que consta de 50 observaciones recogidas en 15 páginas.
El informe señala que uno de esos pasos dados por el Perú fue la derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064.
Sin embargo, nota que persisten desafíos a enfrentar en cuanto a la aclaración de las circunstancias que llevaron a los sucesos trágicos en Bagua del 5 de junio de 2009 y el encuentro de vías de solución pacífica a los problemas subyacentes, se señala en el documento.
Del mismo modo, exhorta a las diferentes instancias que administran justicia a que realicen su trabajo conforme a los estándares internacionales aplicables a la administración de justicia en un Estado de Derecho, especialmente las garantías de independencia, prontitud e imparcialidad.
En este sentido, señaló que es importante que todas las partes tengan claridad sobre los cargos imputados, los lugares donde las personas están detenidas, y la jurisdicción donde se realizarán los procesos.
Asimismo, el Relator Especial enfatiza la importancia de que los acusados gocen efectivamente de todas las garantías del debido proceso, especialmente la garantía de una defensa legal adecuada y efectiva, así como que se aseguren condiciones adecuadas de detención.
Del mismo modo, exhorta al Gobierno del Perú y las otras partes interesadas a consolidar pasos hacia el esclarecimiento de los hechos en Bagua, por medio de una comisión independiente.
El informe sostiene que es importante contar con la participación tanto de los pueblos indígenas como de actores internacionales en este proceso e insta al Estado y a losorganismos internacionales pertinentes a buscar y consolidar un mecanismo de asistencia
Reconoce, además, que el Gobierno ha adoptado medidas hacia
la reconciliación y la creación de un clima de confianza entre las partes, incluyendo la derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064, y ellevantamiento del estado de excepción en las provincias amazónicas de Amazonas, Ucayali, Loreto y Cuzco el 23 de junio de 200923.
Al respecto, llama a todas las partes a continuar esfuerzos hacia la reconciliación y el entendimiento mutuo, y a evitar que se descalifiquen, minimicen o descarten las preocupaciones legítimas de las partes interesadas.
Asimismo, reitera su disponibilidad e interés en realizar una visita posterior al país, con el fin de dar seguimiento a lo observado y también de examinar la situación general de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas del
país, dentro del ámbito del mandato atribuido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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