Lima, nov. 24 (ANDINA).- La modernización del Poder Judicial es imprescindible para que este poder del Estado marche al ritmo de las inversiones que llegan al país y éstas no se detengan ni se interrumpa el crecimiento económico que el Perú experimenta, informó hoy la ministra de Justicia, Rosario Fernández.
“El país necesita una velocidad ahora en materia de administración de justicia fundamental, porque no hay forma de acompañar la velocidad de las inversiones como no sea con la seguridad de un marco jurídico y una administración de justicia que responda al ritmo de hoy”, expresó la ministra Fernández.
Consideró, en ese sentido, que si la administración de justicia se queda rezagada en el tiempo se acabarán tanto las inversiones como el crecimiento económico que el país experimenta.
“Basta de reformas, lo que necesitamos es una modernización de la administración de justicia, porque con la cantidad de promoción a las inversiones que tenemos que hacer, con el crecimiento económico que tenemos que llevar a cabo, no va a ser posible si la administración de justicia no marcha a la misma velocidad.”
Sin embargo, a su criterio se debe buscar velocidad en la administración de justicia, pero sin desmedro de la calidad.
“Al ciudadano le importa quizás un poco menos perder el proceso pero tener el resultado hoy, a tenerlo en una latente espera tortuosa de saber si ganará o perderá el proceso.”
Bajo esta perspectiva, manifestó que el Poder Judicial necesita ayuda ciudadana.
“Los ciudadanos tenemos que entender que lamentablemente hoy el Poder Judicial está saturado, prácticamente colapsado”, expresó al recordar que a febrero de este año el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial reconoció la existencia de dos millones y medio de expedientes por resolver.
Indicó que ante tal situación, la conciliación y el arbitraje popular, como mecanismos alternativos de solución de conflictos, ayudan al Poder Judicial y a su modernización al ritmo de las inversiones.
“El Poder Judicial esta lamentablemente saturado, casi diría colapsado, es imposible exigirle más; lo que tenemos que hacer es dejarle un espacio para que pueda descargar lo que ya tiene”, detalló al precisar que ese espacio lo puede ganar mediante la conciliación y el arbitraje.
Manifestó que si al Poder Judicial se le deja el espacio para poder descargar los casos que maneja, podrá además fortalecer su posición, mejorar sus estructuras y ser mucho más eficiente y efectivo.
Actualmente, el Minjus tiene 20 mil expedientes en materia de conciliación tramitados, dijo al precisar que de cada diez expedientes en esta materia, seis han merecido acuerdo total, dos acuerdo parcial y sólo uno o dos llegan al Poder Judicial, lo que a criterio de la titular de Justicia revela los resultados óptimos que tiene el uso de la conciliación.
A su vez, sostuvo que con el arbitraje popular este mecanismo ha dejado de ser elitista y costoso.
La ministra Fernández indicó además la necesidad de evaluar la gestión por resultados en la administración de justicia, considerando que se necesita efectividad en los pronunciamientos judiciales.
Anticorrupción
Por otro lado, reconoció la constitucionalidad del derecho del Congreso de llevar a cabo sus investigaciones sobre el supuesto caso de corrupción en el que está involucrado el ex ministro Rómulo León Alegría.
Sin embargo, advirtió que si ya el Poder Judicial ha ratificado su competencia en este tema, conviene que este poder del Estado y el Ministerio Público de manera autónoma hagan su trabajo y permita que toda la investigación, el procesamiento y finalmente la sentencia que se tenga que emitir se haga desde ese espacio que la Constitución le reserva a estas dos entidades, en aras de la necesidad de un Estado ordenadamente administrado.
Además, refirió que es evidente que las responsabilidades políticas van a salir como un resultado de las investigaciones judiciales.
La ministra Fernández formuló estas declaraciones durante su participación en la Conferencia Regional de Gestión por Resultados, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la colaboración del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).
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