“Esa demanda será aceptada por el Tribunal Constitucional si es que prima la jurisprudencia de este organismo. No olvidemos que declaró inconstitucional en el año 2005 las ordenanzas de los gobierno de Cusco y Huánuco sobre los mismos cultivos de coca”, expresó en declaraciones a la agencia Andina.

Como experto y estudioso del narcotráfico en el Perú, sostuvo que esta decisión del Gobierno también resulta oportuna porque se ofrece una señal inequívoca de luchar contra el tráfico de estupefacientes elaborados con la mayor parte de la producción de los cocales del país.

Antezana recordó que voceros del Poder Ejecutivo han reconocido el valor cultural de la hoja de coca, pero destacó que no por eso bajan la guarida en combatir las bandas narcotraficantes que utilizan los cultivos ilegales del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), y en otras zonas.

“Es una respuesta clara a los narcotraficantes y aquellos gobiernos regionales que aún creen que sus ordenanzas se encuentran por encima de las políticas nacionales dictadas por el Poder Ejecutivo”, manifestó.

Además, sostuvo que la demanda de inconstitucionalidad se presenta en el contexto de una jurisprudencia ya establecida, y que el propio Tribunal Constitucional deberá respetar de acuerdos a los principios del derecho y la legalidad.

En ese sentido, consideró que el Tribunal declarará fundada de todas maneras la demanda que anunció hoy el presidente de la República, Alan García.

Recordó, además, que la Fiscalía de la Nación, a través de su titular Adelaida Bolívar, calificó de ilegal la ordenanza regional y llamó a que el Tribunal Constitucional dicte sentencia sobre el particular.

El Gobierno Regional de Puno, que encabeza Hernán Fuentes, emitió recientemente una ordenanza que declara a la hoja de coca “patrimonio regional y cultural”, e incluso establece la elaboración de un nuevo padrón de productores, así como la suspensión de la erradicación forzosa.

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