La propuesta busca proteger la vida humana y el bienestar público, así como garantizar los derechos e intereses de la población de las zonas declaradas “de muy alto riesgo, no mitigable”.
También pretende contribuir a la sostenibilidad de las inversiones públicas en infraestructura social y económica, y proteger el patrimonio privado de la población.
En el proyecto se señala que el reasentamiento poblacional implica acciones para el traslado de personas solas o familias que estén en estas zonas de muy alto peligro, y comprende identificar y evaluar las condiciones técnicas, sociales, legales y económicas de las familias.
Además, tomará en cuenta el traslado a un lugar que ofrezca viviendas dignas y con mayores condiciones de seguridad; que garantice el bienestar de las familias, la protección y, de ser el caso, la rehabilitación de las zonas intervenidas.
En los lugares vulnerables existe la probabilidad de sufrir daños y pérdidas como consecuencia del impacto de un peligro, y que la implementación de medidas de mitigación resulte de mayor costo y complejidad.
Dicho proyecto declara de necesidad pública e interés nacional el reasentamiento poblacional de familias y personas del territorio nacional expuestas a riesgo no mitigable, asociado a peligros naturales, socionaturales o por causas humanas, el mismo que deberá ser adoptado por acuerdo de la municipalidad provincial.
Serán los propios gobiernos locales los que ejecuten los planes de reasentamiento, teniendo en cuenta los criterios de priorización referidos al nivel de pobreza, la magnitud de los riesgos y el grado de inminencia de manifestación del peligro.
Esta buena iniciativa debe complementarse con la creación de un fondo estatal para apoyar a los gobiernos locales en la reubicación y el otorgamiento de facultades a las municipalidades provinciales, para resolver problemas puntuales de reasentamiento poblacional.
Marco Tulio Gutiérrez, del Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM), dijo al Diario Oficial El Peruano que, con la creación de un fondo identificado por el Ministerio de Vivienda, las municipalidades tendrían el apoyo económico a fin de cumplir con el plan de reasentamiento poblacional.
“Se necesita dinero para indemnizar a las personas que serán reubicadas y que hicieron alguna construcción en las zonas de alto riesgo, o a esas personas construirles su nueva casa y entregárselas en compensación”.
El reasentamiento en cada una de las regiones y para el 10 por ciento de las viviendas comprendidas por estar en una zona de alto riesgo (43,095 casas), tendría un costo total aproximado de 2,571 millones de nuevos soles.
El ahorro obtenido sería de 1,629 millones de soles, aproximadamente, según la exposición de motivos del proyecto de ley.
IPAM considera que las municipalidades provinciales deben tener capacidad para resolver problemas de reubicación poblacional y reasentar a las personas en las afueras de los distritos de origen, si fuera necesario.
Planteó evaluar de qué manera se dota de una nueva facultad a la municipalidad provincial para que resuelva temas en el ámbito de la provincia, más allá de los distritos donde pertenecen las personas. En la actualidad, la facultad de reubicación la tienen las comunas distritales.
(FIN) DOP/MVF
GRM